El gobierno de
Humala es un régimen que se apoya en la patronal (Confiep, empresa privada,
transnacionales), en las fuerzas armadas, por eso su perfil represivo, y en
sectores de la ultraderecha como el fujimorismo (sus medios de comunicación),
el opus dei, el APRA, y demos sectores reaccionarios… Es aplaudido cuando se
trata de golpear sectores como la educación y salud, “responsabilidades del
estado” y avanzar en su política neoliberal de privatización. No es casualidad
que sean esos sectores postergados los que hoy están en pie de lucha, exigiendo
derechos tan importantes como el aumento de salarios y el respeto de su
estabilidad laboral. El país tiene un mapa conflictivo (Defensoría del Pueblo
da cuenta de la existencia de 167 conflictos activos y 76 latentes), que
evidencia la debilidad de este gobierno y la indignación de vastos sectores empobrecidos
que no conocen los beneficios del crecimiento económico.
Humala es continuidad del neoliberalismo económico
impuesto y apoyado mediante golpe de Estado y dictadura por Fujimori, por ello golpea al sector
público y hace pasar leyes que le permita avanzar en la política privatizadora
en salud y educación. Este es el caso de la ley 29914
aprobada el pasado 23 de agosto en el congreso y publicado en el diario El Peruano
el martes 11 de septiembre. Está ley establece medidas en materia de gasto de
diferentes carteras; sin embargo en el art. 7 “Modificaciones Presupuestarias
en el Nivel Funcional en Universidades Públicas”, menciona que los pagos de
ascensos de los docentes se debe realizar con los Recursos Directamente
Recaudados (RDR).
El argumento del
gobierno es que las universidades han promovido ascensos indiscriminados, sin
justificación y que afecta al presupuesto nacional. Ya aprobada la ley se tiran
la pelota y caen en contradicción, la Comisión de Educación del Congreso se pronunció a
favor de la derogatoria de este artículo reconociendo que vulnera la ya crítica
situación del presupuesto de las universidades públicas y que conlleva el
aumento de las tasas educativas. El objetivo es excluir a los estudiantes de
menos ingresos y élitizar la educación en función de los negocios y el
arribismo induvidualista.
El actual
presupuesto de la educación sólo representa al 3.3% del PBI y su promesa del
aumento progresivo al 6% solo fue una promesa electoral. La ley 29914,
recientemente aprobada representa un
claro ataque contra la universidad pública en su lógica de hacer realidad la educación/negocio.
Este nuevo dispositivo
es ilegal e inconstitucional ya que transfiere a cada universidad el pago a los
docentes universitarios estatales que por ley se realizaba con los Recursos Ordinarios
provenientes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La educación pública es un derecho ganado y reconocido por ley.
¿Qué recursos está en juego, de dónde viene los RDR?
Tal como esta
planteado en la ya vigente ley 29914 en su Art. 7, los afectados van a ser los
docentes, ésta en riesgo sus ascensos que ahora tienen que ser considerados en
la fase de programación presupuestaria del 2013 de cada universidad, sus
sueldos ahora van a salir de los Recursos Directamente Recaudados (RDR); Ante
esto la Asamblea
Nacional de Rectores (ANR) y las respectivas Autoridades
Universitarias emitieron pronunciamientos. Del mismo modo los Consejos
Universitarios, decidieron realizar movilizaciones.
La dictadura
fujimontesinista para no aumentar presupuesto o los Recursos Ordinarios para el
funcionamiento de las casas de estudio aprobó el DL 882, este fue el marco
legal para la avanzar en la privatización de la educación, (de ser un derecho
pasó a ser un servicio), se dio el perfil
de Universidad/Empresa, se crearon los famosos “Centros de Producción” y es de
ahí de donde salen los Recursos Directamente Recaudados (RDR). Se
construyeron empresas administradas por las Autoridades como los Centros de
Idiomas, Centros Pre Universitarios, las escuelas de Post-grado, etc. Para
algunas universidades del total de su presupuesto el 30% es RO y un 70% RDR,
como es el caso de San Marcos, UNI, Unsaac y otros.
Si el conjunto de
las autoridades universitarias han mencionado que con esta ley los estudiantes
van a ser los más afectados, es porque los
RDR esta destinado a pagos de personal y el otro restante se emplean en bienes
y servicios, como los comedores, actualización de bibliotecas, viviendas
universitarias, transporte, centro de salud y bienestar social. En otras
palabras los derechos (y no favores) ganados por los estudiantes son
sustentados por estos recursos, esta es una de las razones, de porque estos
servicios que nos brindan son de mala calidad y no beneficia al conjunto del
estudiante.
El ataque a la educación pública de los miles de
estudiantes universitarios peruanos que cursamos estudios en las universidades
públicas es de tal magnitud que los más perjudicados seremos el estamento
mayoritario, razón de ser de la universidad: los estudiantes.
La mejor manera de hacer retroceder esta ley, es levantando las banderas de la Unidad, emprender una Lucha
Triestamental por la Defensa
de la Universidad Pública,
emplazar a las Autoridades, Docentes y Administrativos que no se queden en
pronunciamientos y seguir el ejemplo ya de algunas universidades de convocar
movilizaciones institucionales. Esta es la mejor coyuntura para plantear
claustros plenos para que la base decida y podamos impulsar una plataforma
unitaria y una gran lucha.
Lo mencionado debe
hacernos recordar que nosotros los estudiantes tenemos nuestra propia
plataforma. Sin embargo para avanzar en
esta lucha de Defensa de la Universidad
Pública es necesario responder con una política de unidad,
frente a la política de privatización del actual gobierno.
Exijamos a nuestras
federaciones y centros de estudiantes (ccff) que se pongan a la cabeza de esta
lucha con prácticas democráticas, que la prioridad sean las decisiones de base,
donde no existan gremios, conformemos Comités de Lucha… impulsemos asambleas
para discutir y organizar nuestra respuesta, está es la única garantía para
derrotar esta ley y habremos dado un gran paso en reconstruir el Movimiento
Estudiantil.
¡Por la derogatoria del Art 7 de la ley 29914!
¡Movilización nacional por la defensa de la Universidad Pública,
Gratuita y de Calidad!
¡Aumento del Presupuesto de la Educación al 6%!
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