LA MINERÍA

Desde la década de los 90s se impone un nuevo modelo de acumulación capitalista con la dictadura de Fujimori en nuestro país y desde entonces la expansión de la explotación de los recursos naturales se profundizan y con ello se da un  programa de ajuste estructural que reconoce una serie de privilegios que gozan las trasnacionales, como la estabilidad tributaria de la que goza Xstrata tintaya y contratos de estabilidad jurídica estos beneficios provocaron en el corto plazo lo que muchos llamaron el “Boom Minero” y la reformas que se dieron han generado una flexibilización de las protecciones jurídicas de las propiedades comunales, flexibilizaron los controles medio ambientales y sociales.

La imposición del neoliberalismo combinado con los favorables precios en la década de los 90s de los metales a nivel mundial, la flexibilización laboral (súper explotación de los trabajadores), el ofrecimiento de recursos estratégicos a precios baratos, la destrucción de muchos sindicatos mineros y solo para tener referencia entre el año de 1989 y 1993 fueron despedidos 23,000 trabajadores contratados y 10,000 eventuales. Esta situación planteó un escenario favorable para que las transnacionales desplacen capitales a nuestro país tanto así que las concesiones mineras del año de 1991 se incrementaron de 2,26 millones de hectáreas a 15 millones de hectáreas en 1997 y la voracidad de las transnacionales se profundiza, en el marco de la división internacional del trabajo, ya que el Perú es un país exportador de materias primas y en una situación mundial de crisis del capitalismo  y de pérdidas fuertes  de la tasa de ganancias de la burguesía mundial, en este contexto cuestionar sus intereses de la patronal será una lucha a muerte.

Los gobiernos posteriores han cerrado filas por la consolidación de este modelo  económico extractivista así, por ejemplo, el Gobierno del APRA, que aprobó una serie de decretos que facilitaron la privatización de las propiedades comunales a las transnacionales mineras. El gobierno actual de Ollanta Humala se ha convertido en el nuevo verdugo de los trabajadores y de las comunidades campesinas, el continuismo neoliberal continua con Humala y su política apunta a profundizar el papel semi-colonial de nuestro país. Una muestra, para tener en cuenta, es que la privatización de las propiedades comunales avanzó de 5,680 comunidades reconocidas y con títulos de propiedad a 3,326 comunidades se encuentran ocupadas por concesiones mineras.

El avance de la privatización de las propiedades comunales ha provocado que el principal sujeto social de las luchas se han  los campesinos e indígenas, así lo reconoce la defensoría del pueblo al afirmar que el 70% de los conflictos sociales actuales son provocados por la contaminación medio ambiental; destrucción de ríos, esterilización de tierras, malformación de animales lo que da pie a agitar la consigna errada de No a la Minería, mientras que, por otro lado, hay un sector que agita la consigna ilusa de  Minería Responsable bajo control de los inversionistas (las transnacionales), esta consigna es una pamplina demagógica que los liberales y reformistas de izquierda  usan para hacernos creer que bajo el capitalismo es posible ello. Estas medidas son inútiles si no se  nacionaliza  nuestros recursos naturales sin indemnización alguna a las transnacionales por todo los años de saqueo y robo, una nacionalización que garantice la industrialización de nuestro país, la explotación responsable de la minería, reducir la contaminación ambiental de manera proporcional atreves de un reordenamiento territorial, usando tecnología ecológica y reinvertir las ganancias en la construcción de represas hídricas para dotar de agua potable a las comunidades, suministros de agua para garantizar el riego de la tierra, electrificación, construcción de colegios,  hospitales, salarios dignos para la clase trabajadora, incremento de presupuesto a la educación pública.